El 10 de enero de 1978, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, entonces director del diario “La Prensa”, fue asesinado por su labor informativa y su activismo político en contra de la dictadura familiar encabezada por los hermanos Luis y Anastasio Somoza Debayle.
Poco después, al estallido de guerra civil, el guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomó como mártir al periodista asesinado, hasta que la viuda de Chamorro Cardenal, la también periodista Violeta Barrios Torres, encabezó un movimiento político opositor al sandinismo y logró arrebatarle la Presidencia de la República al entonces carismático Daniel Ortega.
Una década después, en 2007, Ortega Saavedra recuperó el poder en Nicaragua y no lo ha soltado.
El exlíder guerrillero presumía su cercanía con el expresidente de Cuba Fidel Castro Ruz y ahora lo hace con sus grandes aliados como Nicolás Maduro, de Venezuela; Vladimir Putin, de Rusia, y Xi Jinping, de China (y claro, Andrés Manuel López Obrador).
En los hechos, Daniel Ortega es ahora tan dictador o peor que aquel Anastasio Somoza al que le declaró la guerra a finales de los años 70 y se ha convertido en el principal violentador de la libertad de expresión y los derechos de información.
Apenas este fin de semana, la organización de derechos humanos Colectivo Nicaragua nunca más, presentó un informe de violaciones a la libertad de prensa, en el que documenta que al menos 253 periodistas han tomado la decisión de autoexiliarse de Nicaragua para evitar ser encarcelados por el régimen de Ortega.
A inicios de 2023, el gobierno nicaragüense cedió a las presiones internacionales y liberó de prisión a nueve periodistas y dos estudiantes de periodismo que fueron encarcelados bajo argumentos de sedición y traición a la patria, aunque la verdad es que solo hacían periodismo.
En su informe sobre libertad de expresión de ese mismo 2023, la organización francesa Reporteros sin fronteras coloca a Nicaragua, junto con Honduras, Cuba y Venezuela, como los países donde la prensa libre enfrenta serias condiciones de riesgo para su ejercicio, lo que lesiona seriamente el derecho que tiene la sociedad a recibir información.
Nicaragua enfrenta una crisis que la ha devuelto a lo que era hace medio siglo y por eso es preocupante que en México tengamos un régimen que insiste (y miente) en ser respetuoso de la libertad de prensa y al mismo tiempo defienda y alabe a un gobierno como el de Daniel Ortega en Nicaragua, que cada día muestra la facilidad con la que vulnera y viola derechos humanos.
PD. Una cosa es aceptar “moderar” un debate entre aspirantes a un cargo de elección popular y otra muy distinta es creer que el equilibrio democrático se da si se visten con los colores del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Las y los periodistas debemos ser apartidistas, pero también ajenos a las instituciones, por muy democráticas que estas sean.
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