Los recientes hechos de violencia en México son un reflejo preocupante de la situación que enfrentamos como país. Condenamos enérgicamente los actos que han cobrado la vida de personas inocentes, y reiteramos nuestra exigencia a las autoridades para que actúen con determinación y urgencia, expresó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
En un comunicado, señaló la Confederación, la violencia en Sinaloa ha continuado causando estragos.
Tan solo en las últimas semanas, recordó, más de 155 personas han perdido la vida en esta entidad, lo que ha provocado un impacto devastador en la economía local y en la vida de sus habitantes.
Las pérdidas económicas superan los 800 millones de pesos, lo que evidencia cómo la violencia está afectando tanto la estabilidad de las personas como la estabilidad financiera de la región.
Se pronunció sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, “es una tragedia que lamentamos profundamente, y que refleja la inseguridad en la que viven los funcionarios públicos en muchas regiones del país. Este lamentable suceso no debe repetirse. Es crucial que el gobierno garantice condiciones de seguridad adecuadas para que los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias del crimen organizado y las comunidades puedan vivir en paz”.
Hizo énfasis que el pasado sexenio fue el más violento en la historia de México, con más de 191 mil homicidios y 51 mil personas desaparecidas. “A pesar de los esfuerzos del gobierno, los resultados no han sido suficientes. La militarización de la seguridad pública ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos, y es urgente replantear la estrategia para combatir al crimen organizado”.
En este contexto, expuso Coparmex, la Estrategia de Seguridad presentada hoy en la mañanera por el gobierno federal, basada en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia mediante programas sociales para jóvenes, fortalecimiento de la Guardia Nacional bajo control militar, mejora de la inteligencia con un sistema unificado de investigación y coordinación entre el gobierno federal y los estados, “será clave para que se tomen medidas efectivas que logren frenar la violencia y restaurar la paz en el país”.
En este sentido, hizo un llamado a las autoridades para que actúen de manera inmediata y coordinada, ya que “es fundamental que se adopten políticas públicas que ataquen las causas profundas de la violencia, restauren la confianza en las instituciones y promuevan un entorno seguro para todos. La paz es un derecho de la ciudadanía y una condición esencial para el desarrollo económico y social del país.
“Nos solidarizamos con las comunidades de Chilpancingo y Culiacán, así como con todas las regiones de México que enfrentan la violencia de manera cotidiana. Estamos convencidos de que la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil es clave para construir un México más seguro, más justo y en paz, por lo que reiteramos nuestra disposición para trabajar de la mano con las autoridades en esta labor”, concluyó.
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